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Colombia ya tiene una regulación que obliga al sistema financiero a gestionar el riesgo climático. Pero todavía no sabemos con suficiente precisión cómo un desastre climático se convierte en una pérdida financiera.
El 3 de octubre de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 015, que por primera vez obliga a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y demás entidades vigiladas a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo climático dentro de su sistema integral de administración de riesgos. La norma también establece que las juntas directivas reciban informes semestrales sobre la exposición climática de sus carteras y fija plazos para que las entidades desarrollen e implementen estos nuevos procesos. Dadas las novedades que implica esta supervisión, la SFC también está fortaleciendo su capacidad: recientemente certificó a 253 de sus propios funcionarios en finanzas sostenibles y gestión de riesgo climático, justamente para poder liderar la incorporación de estas variables climáticas no tradicionales en la gestión de riesgos del sector financiero.
Colombia se suma así a un grupo todavía reducido de supervisores financieros en América Latina que han comenzado a exigir a las entidades financieras que incorporen el riesgo climático en su gestión. Pero convertir una obligación regulatoria en una capacidad efectiva de gestión es un desafío mucho mayor. Para hacerlo, las entidades necesitan responder una pregunta fundamental: ¿cómo se convierte un choque climático en una pérdida financiera, y qué factores determinan que ese impacto llegue, o no, al balance de un banco o una aseguradora? En SEI América Latina buscamos incidir en cómo los riesgos climáticos se traducen en impactos financieros y parte de esta experiencia se construye a partir de trabajo internacional a la vanguardia en este tema. Un estudio que publiqué en 2025 con Jasmina Buresch, Zachary Hirsch y Jeremy Porter en el International Journal of Financial Studies, y que presenté recientemente en la Conferencia Internacional del American Real Estate and Urban Economics Association (AREUEA) en Medellín analiza este mecanismo a partir de datos de Estados Unidos. La pregunta ahora es qué tan distinto opera este mecanismo en Colombia, donde los mercados de seguros e hipotecario tienen mucha menor profundidad y una parte importante de los hogares y empresas opera en la informalidad.
El daño físico de un desastre climático no se traduce automáticamente en una pérdida financiera. Nuestro análisis de 55 eventos de inundación, huracán e incendio forestal en Estados Unidos muestra que el riesgo de que un hogar termine en ejecución hipotecaria depende menos de la magnitud del daño que de su capacidad para absorber el impacto. La disponibilidad de liquidez, el seguro y el patrimonio de la vivienda pueden determinar si un choque climático se queda en una pérdida física o termina convirtiéndose en una crisis financiera para el hogar. Los resultados muestran una diferencia llamativa según el tipo de desastre. Tras una inundación, la probabilidad de que una propiedad entre en ejecución hipotecaria aumenta 0,29 puntos porcentuales durante los tres años siguientes al evento. Pero ese efecto se concentra casi por completo fuera de las zonas donde el seguro contra inundación es obligatorio. En cambio, las propiedades afectadas por el viento de un huracán o por un incendio forestal presentan una probabilidad de ejecución hipotecaria 0,41 y 1,46 puntos porcentuales menor, respectivamente, que las propiedades no afectadas. La diferencia ayuda a explicar por qué el daño físico no basta para determinar el impacto financiero. Cuando existe una cobertura de seguro que responde con rapidez, la indemnización puede ayudar a compensar la pérdida de ingresos y proteger el patrimonio de la vivienda. Cuando esa protección no existe, el mismo tipo de choque puede convertirse en un problema de liquidez y, posteriormente, en una pérdida financiera.
Esto plantea una pregunta particularmente relevante para Colombia: ¿qué puede ocurrir cuando un sistema financiero deba gestionar el riesgo climático en un contexto donde los mecanismos que amortiguan esos impactos son mucho menos utilizados?
En Colombia y en gran parte de América Latina, el riesgo climático no se transmite principalmente a través de la ejecución hipotecaria formal, porque el mercado hipotecario es demasiado pequeño para ser el principal vehículo. En cambio, el impacto puede aparecer a través de rutas menos visibles, pero no por ello menos costosas para bancos y aseguradoras: la pérdida de patrimonio informal, el deterioro de la cartera agropecuaria y comercial y, finalmente, una factura fiscal que puede terminar trasladándose al balance del Estado.
En América Latina, la capacidad del mercado asegurador para absorber las pérdidas causadas por desastres sigue siendo limitada. Según el índice de resiliencia ante catástrofes naturales de Swiss Re Institute, la región se mantiene en un nivel de resiliencia de apenas 8%-9%, uno de los más bajos del mundo. lo que significa que entre el 91% y el 92% de las pérdidas por catástrofes en la región queda sin ningún tipo de cobertura. Esto significa que entre el 91% y el 92% de las pérdidas por catástrofes queda sin cobertura. La brecha de protección también se refleja en Colombia: la penetración del sector asegurador cerró 2025 en 3,29% del PIB, frente a un promedio de entre 6,2% y 8,9% en la OCDE. En este contexto, Fasecolda ha planteado aumentar el papel del seguro como herramienta de resiliencia fiscal y social, una necesidad que cobra mayor relevancia a medida que aumentan la exposición y las pérdidas asociadas a eventos climáticos extremo.
El mercado hipotecario colombiano es demasiado pequeño para asumir que la hipoteca será el principal canal por el que un desastre climático llegue al sistema financiero. La cartera de vivienda equivale al 7,4% del PIB y una proporción importante de los hogares habita viviendas propias que ya están totalmente pagadas o que fueron adquiridas y construidas fuera del sistema financiero formal.
Esto cambia la forma de mirar el riesgo. En Estados Unidos, una pérdida en el valor de una vivienda puede transmitirse al sistema financiero a través de la relación entre el valor del inmueble y la deuda hipotecaria. En Colombia, muchos hogares expuestos a un desastre climático no tienen una hipoteca que pueda deteriorarse. Tienen un patrimonio que puede perder valor sin que esa pérdida aparezca en los indicadores tradicionales de riesgo financiero.
La informalidad puede hacer que el impacto financiero de un desastre sea mayor y más difícil de absorber. Más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales, una proporción que aumenta considerablemente en las zonas rurales y dispersas. Cuando un desastre interrumpe la actividad económica, estos hogares suelen tener menos mecanismos para compensar la pérdida de ingresos: no cuentan necesariamente con prestaciones laborales, seguros de desempleo u otros instrumentos que permitan sostener el consumo mientras se recuperan. Si a ese choque de liquidez se suma la pérdida o el deterioro de la vivienda y otros activos, la capacidad del hogar para recuperarse se reduce aún más.
La informalidad también se extiende al propio patrimonio. Una parte del déficit habitacional se resuelve mediante construcción informal, con menor acceso al aseguramiento y, en algunos casos, mayores niveles de exposición física. Esto significa que una parte importante de las pérdidas asociadas a un desastre puede ocurrir fuera de los mecanismos que tradicionalmente utiliza el sistema financiero para medir y gestionar el riesgo.
La exposición física al riesgo climático en Colombia ya es una realidad. De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, cerca del 17% del territorio continental colombiano, 190.935 km², presenta condiciones favorables a la inundación. Esto no es un riesgo de cola: solo en 2024, las inundaciones afectaron a más de 709.000 personas y 186.000 familias en 644 emergencias registradas por la UNGRD. En febrero de 2026, un frente frío desbordó el río Sinú en Córdoba y dejó al menos 15 muertos y más de 69.000 familias afectadas solo en los primeros días del evento, en una emergencia que terminó por costarle al Estado $8,68 billones de pesos, trece veces el presupuesto anual completo que el país tenía destinado a desastres. La magnitud de estos eventos muestra que el riesgo climático no es una amenaza futura que el sistema financiero pueda esperar a gestionar: ya está generando pérdidas que deben ser absorbidas por hogares, empresas y, finalmente, por el Estado.
Colombia ya conoce el costo fiscal de una protección financiera insuficiente frente a los desastres. La ola invernal de 2010-2011 dejó, según estimaciones de la CEPAL, USD 6.500 millones en daños y pérdidas económicas, equivalentes a 5,7% del ingreso nacional de ese periodo, y más de dos millones de personas damnificadas. El Gobierno de entonces destinó más de $7 billones de pesos en gasto de emergencia inmediato, además de vigencias futuras por $5,7 billones que se terminaron de pagar en 2017, seis años después del evento. En ausencia de un mercado de seguros profundo, el Estado terminó actuando como asegurador de última instancia. La respuesta institucional desde entonces ha sido construir instrumentos de transferencia de riesgo soberano: en febrero de 2025 Colombia accedió a un cuarto préstamo contingente Cat DDO del Banco Mundial por USD 200 millones, y el país participa además en el bono catastrófico de la Alianza del Pacífico, que hasta ahora solo cubre riesgo sísmico, no inundación ni sequía.
La Circular 015 da un paso importante al exigir a las entidades vigiladas que incorporen el riesgo climático en sus sistemas de gestión. Pero cumplir con esa obligación requiere algo que la regulación por sí sola no puede producir: evidencia sobre cómo los distintos tipos de choques climáticos se convierten en pérdidas para hogares, empresas y entidades financieras. En Colombia todavía falta parte de la información granular que permitió estudiar estos mecanismos en Estados Unidos, a partir de datos sobre daños, seguros y registros hipotecarios. Ese vacío plantea un desafío tanto para las entidades financieras como para la investigación aplicada. Si el riesgo climático no se materializa de la misma manera en un sistema financiero profundo que en uno donde una parte importante del patrimonio y de los ingresos permanece fuera del sistema formal, los modelos de riesgo tampoco pueden asumir que ambos contextos funcionan igual.
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