La lucha contra el cambio climático exige soluciones que sean efectivas no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económica y socialmente viables en contextos nacionales diversos. En este marco, el biochar se ha posicionado como una tecnología prometedora de remoción de dióxido de carbono (CDR), con potencial para generar co-beneficios en productividad agrícola, gestión de residuos y desarrollo rural. Sin embargo, su desarrollo e implementación en economías en vías de desarrollo, como Kenia y Colombia, evidencian que el valor del biochar no es homogéneo ni universal, sino que depende en gran medida de las necesidades locales, las capacidades institucionales y la escala de aplicación. 

En Kenia, el desarrollo del biochar a pequeña y mediana escala se ha vinculado a problemáticas sociales y ambientales urgentes. La dependencia histórica de la leña como fuente de energía para cocinar ha generado impactos severos en la salud, particularmente en mujeres y niños, debido a la exposición prolongada al humo en espacios cerrados. A esto se suma una creciente presión sobre los bosques, asociada al aumento de la demanda de biomasa como combustible. En este contexto, el desarrollo de tecnologías de cocción más limpias, como los gasificadores, ha buscado responder principalmente a objetivos de salud pública y reducción de la deforestación, siendo la producción de biochar un coproducto relevante, pero no necesariamente el objetivo principal. Este enfoque ha permitido una mayor apropiación local de la tecnología y un desarrollo más sostenido de capacidades técnicas, con experiencias que han trascendido el ámbito experimental hacia escalas más amplias. 

En contraste, en Colombia, el biochar ha sido explorado predominantemente como una herramienta para mejorar y restaurar suelos agrícolas y mineros, utilizando residuos agrícolas o especies invasoras como materia prima. El énfasis ha recaído en el aumento de la productividad y en la rehabilitación de suelos degradados, más que en la provisión de energía o en la mejora de la salud pública. No obstante, la mayoría de estas iniciativas se han desarrollado a escala de laboratorio o en proyectos piloto poco articulados entre sí, lo que ha limitado su escalamiento y su impacto territorial. A diferencia de Kenia, la investigación sobre biochar en Colombia presenta un menor recorrido histórico y una fragmentación institucional que dificulta la consolidación de una estrategia nacional clara.

Cuando se analiza el desarrollo del biochar a gran escala, el enfoque cambia significativamente. En ambos países, esta escala está principalmente asociada a la generación y comercialización de créditos de carbono, lo que introduce nuevas oportunidades, pero también barreras diferenciadas. En Kenia, el principal reto radica en la dependencia de tecnologías importadas para la producción industrial de biochar, lo que eleva los costos y reduce la autonomía tecnológica. En Colombia, los desafíos se concentran en el desarrollo de tecnologías seguras, eficientes y conformes a los estándares internacionales, así como en la certificación de créditos de carbono. 

Este panorama revela una tensión estructural entre escalas. Mientras que el desarrollo de pequeña y mediana escala suele estar vinculado a pequeños agricultores y comunidades rurales, el desarrollo a gran escala se asocia a actores empresariales y agroindustriales con mayor capacidad de inversión y acceso a mercados internacionales. Esta diferenciación implica un riesgo claro: que los beneficios económicos del biochar, particularmente los derivados de los mercados de carbono se concentren en pocos actores, profundizando las desigualdades existentes. Paradójicamente, son los pequeños agricultores quienes, en muchos casos, aplican el biochar al suelo y generan beneficios ambientales y productivos tangibles, pero enfrentan mayores barreras para acceder a mecanismos de certificación y financiamiento. 

Por ello, resulta fundamental avanzar hacia mercados de biochar y de créditos de carbono más transparentes e inclusivos. Esto implica crear condiciones que permitan el desarrollo de iniciativas rurales o comunitarias con tecnologías seguras y eficientes, sin excluir la participación del sector empresarial. El desafío no es elegir entre uno u otro modelo, sino diseñar arreglos institucionales que eviten que el escalamiento del biochar reproduzca o intensifique las desigualdades socioeconómicas. 

No obstante, es necesario reconocer las limitaciones estructurales en ambos países. Prometer un desarrollo rural basado en nuevas tecnologías resulta poco realista cuando amplias zonas carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, saneamiento, educación o infraestructura vial. En este contexto, pensar en grandes industrias ubicadas en zonas rurales aisladas puede ser inviable en el corto plazo. Sin embargo, estas mismas regiones suelen ser las que generan mayores volúmenes de biomasa residual. Adaptar las tecnologías de biochar a las carencias y necesidades del territorio podría generar cambios verdaderamente transformadores. 

Nada de lo anterior será posible sin un marco regulatorio claro y coherente. La ausencia de definiciones precisas sobre qué es el biochar, cuáles son los estándares para su producción, cuáles son sus usos permitidos y cómo debe funcionar el mercado genera incertidumbre tanto para comunidades como para inversionistas. En este sentido, los gobiernos tienen un rol central: proporcionar orientación estratégica que permita desarrollar mercados locales de biochar alineados con las necesidades nacionales, pero también coherentes con los estándares y normativas internacionales ya existentes. Solo así será posible articular lo local con lo global y convertir al biochar en una herramienta efectiva, justa y sostenible para la acción climática.