Colombia podría convertirse en un referente regional en bioplásticos. Tiene los recursos, el conocimiento y una creciente presión para transformar su modelo de producción. Sin embargo, el sector sigue sin despegar. Lejos de ser un problema tecnológico, esta desconexión refleja un sistema de reglas, incentivos y mercados que aún favorece lo fósil, incluso en medio del discurso de la bioeconomía.
Discusiones recientes como la conferencia Transitioning Away from Fossil Fuels”, celebrada en Colombia, reflejan la urgencia de avanzar hacia modelos productivos menos dependientes de los combustibles fósiles. Sin embargo, la pregunta clave no es solo si el país quiere hacer esta transición, sino si está creando las condiciones habilitantes para que ocurra. Análisis recientes de SEI evidencian esa paradoja: mientras el discurso y algunas políticas avanzan hacia la bioeconomía circular, Colombia aún no logra despegar en el mercado de bioplásticos biodegradables. Esto ocurre a pesar de contar con ventajas competitivas claras, como una alta disponibilidad de biomasa (yuca, maíz, papa y residuos orgánicos), conocimiento y una creciente presión regulatoria para sustituir los plásticos de un solo uso.
A nivel global, los bioplásticos siguen siendo marginales frente a los plásticos de origen fósil, que dominan cerca del 90% del mercado. En Colombia, la situación es similar: su participación es todavía muy reducida. Sin embargo, esto no refleja un fracaso, sino un mercado en etapa temprana, con un crecimiento sostenido y un potencial significativo de expansión en los próximos años. En Colombia, además, existe un factor adicional relacionado con la regulación. La implementación de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe gradualmente ciertos plásticos de un solo uso, ya logró reducir en aproximadamente el 60 % el consumo de bolsas plásticas en el comercio formal y movilizar grandes inversiones en reciclaje. Esto muestra que el mercado está respondiendo. Entonces, ¿por qué los bioplásticos no están despegando?
Las principales barreras para un mercado tan prometedor no son tecnológicas ni ambientales. Son institucionales y económicas.
Gran parte de la reglamentación clave aún está pendiente de ser aprobada por las autoridades ambientales. Esto genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y deja espacio para distorsiones graves, como la competencia desleal de los plásticos oxodegradables (plásticos convencionales con aditivos que simulan biodegradabilidad) que son más baratos, simulan ser sostenibles y, en realidad, se fragmentan en microplásticos, agravando la contaminación y dificultando su gestión en los sistemas de residuos. También existe confusión para el consumidor, que difícilmente distingue entre plásticos oxodegradables, reciclables o biodegradables, lo que perpetúa decisiones de consumo que no necesariamente reducen el impacto ambiental. A esto se suma la falta de incentivos económicos efectivos, que deja a los bioplásticos en desventaja frente a alternativas fósiles, incluso aquellas que han sido recicladas.
El sistema tributario actual envía señales contradictorias. Mientras se favorecen los plásticos reciclados, los bioplásticos compostables no cuentan con incentivos claros ni reconocimiento fiscal. Esto refleja una política pública desalineada con los objetivos de la bioeconomía y limita el desarrollo de alternativas más sostenibles. El costo económico también sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo de los bioplásticos. Hoy, estas alternativas pueden ser significativamente más caras que los plásticos convencionales, en un contexto donde las certificaciones, los tiempos de validación y la falta de economías de escala encarecen aún más su adopción. En estas condiciones los bioplásticos difícilmente pueden competir fuera de nichos de mercado o de entornos con regulación favorable. Si se incorporaran los costos del cambio climático, de la contaminación y de la gestión de residuos a los costos de los plásticos convencionales, el panorama competitivo cambiaría radicalmente.
Por otro lado, sin infraestructura de compostaje, se reduce la ventaja ambiental de los bioplásticos. Sin educación al consumidor, los sistemas de reciclaje podrían contaminarse. Sin control, proliferan soluciones engañosas como los oxodegradables. El resultado es un mercado distorsionado.
La transición hacia una bioeconomía no ocurrirá por inercia. Requiere decisiones firmes, coordinación entre los actores y, sobre todo, coherencia en las señales que envía el país.
Cerrar las brechas regulatorias es un paso urgente. Sin una reglamentación completa y consistente de la Ley 2232, el mercado seguirá operando con incertidumbre. Esto también implica alinear los incentivos tributarios con los objetivos ambientales y corregir distorsiones que hoy desincentivan alternativas como los bioplásticos biodegradables. Colombia no tiene que empezar de cero; experiencias como la de Tailandia demuestran que, con políticas claras e incentivos bien diseñados, es posible construir una industria competitiva de bioplásticos a partir de la biomasa de la yuca y la caña de azúcar.
El sector privado debe persistir en su apuesta por materiales sostenibles, incluso en un entorno desafiante. Iniciativas como el clúster de bioplásticos liderado por Acoplásticos y el trabajo de empresas pioneras como Natupla demuestran que hay un camino recorrido. El reto ahora es escalar esos esfuerzos; es invertir en innovación, fortalecer la producción local y conectar con la academia, donde instituciones como la Universidad del Cauca ya han logrado avances relevantes.
Las universidades y los centros de investigación tienen un rol estratégico que va más allá del laboratorio. Su tarea es seguir generando evidencia para mejorar la toma de decisiones —técnicas, políticas y de mercado—, pero también acelerar la transferencia de tecnología al sector productivo. Esto implica formar talento, fortalecer capacidades regionales y conectar la investigación con cadenas de valor reales que permitan que la bioeconomía deje de ser una promesa y se convierta en una alternativa productiva viable.
Y finalmente, está el rol de la ciudadanía. Cada decisión de consumo importa. En un mercado saturado de greenwashing o mensajes “verdes”, la información se convierte en una herramienta de poder. Entender la diferencia entre lo reciclable, lo biodegradable y lo meramente publicitario es clave para no perpetuar prácticas que solo maquillan el problema.
La transición ya está en marcha, pero el camino está distorsionado. Colombia tiene los recursos, el conocimiento y la visión para liderarla. Lo que está en juego no es solo un cambio de materiales, sino su modelo de desarrollo.



