El Acuerdo de París se basa en la confianza. Para que funcione, los países deben confiar en que sus esfuerzos individuales por reducir las emisiones se verán correspondidos por los esfuerzos de los demás. Para los países en desarrollo, el apoyo financiero es clave para esta confianza. Éstos deben creer que los países desarrollados les apoyarán financieramente para elegir vías de baja emisión de carbono y adaptarse a los impactos climáticos.

Sin embargo, la confianza en la financiación climática está en su punto más bajo. En un informe publicado justo antes de la COP26, los países desarrollados admitieron que no estaban cumpliendo su promesa de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. Se quedaron especialmente cortos en el apoyo a la adaptación. Esta confesión suscitó grandes dudas sobre la responsabilidad de los países desarrollados respecto a sus compromisos.

En la COP26, estos países tomaron medidas para cerrar la brecha de financiación, esbozando un plan para entregar los 100.000 millones de dólares para 2023. También anunciaron planes para duplicar la financiación para la adaptación en 2025 con respecto a los valores de 2019.

Cerrar la brecha es un paso importante para restaurar la confianza en la financiación climática. Sin embargo, es sólo el primer paso. Siguen sin resolverse importantes cuestiones subyacentes de responsabilidad. Los financiadores tienen que hacer más para demostrar que están proporcionando una ayuda de alta calidad, predecible y accesible. Los receptores también pueden hacer más para demostrar que utilizan los recursos internacionales de forma eficaz y justa. Mejorar la rendición de cuentas de ambas partes será clave para el éxito a largo plazo del Acuerdo de París.

La transparencia y la facilidad de acceso pueden mejorar la responsabilidad

Además de no haber cumplido con la cantidad de financiación prometida, los países ricos han ofuscado el tipo y la calidad de la financiación que proporcionan. A menudo han contabilizado dos veces la ayuda al desarrollo. Algunas estimaciones muestran que el exceso de reportes sobre la “pertinencia climática” podría significar que la financiación bilateral para el clima es un tercio inferior a la comunicada.

Una parte importante de la financiación sigue llegando en forma de préstamos, que se suman a la carga de la deuda de países ya muy endeudados. Hasta el 40% de toda la financiación climática es no concesional.

Los países ricos también se han quedado cortos en el apoyo a la adaptación, una prioridad para los receptores, a pesar de haberse comprometido a ponerla en igualdad con la financiación para la mitigación. La ONU calcula que sólo una cuarta parte de la financiación total se destina a apoyar la adaptación.

La transparencia puede contribuir a mejorar la rendición de cuentas sobre el tipo de financiación que los países contabilizan como financiación climática. Los nuevos requisitos de información del Acuerdo, conocidos como “formatos tabulares comunes”, exigen a los países que distingan entre financiación para la mitigación y para la adaptación, y entre donaciones, préstamos y financiación privada.

Los nuevos requisitos de información también pueden mejorar la previsibilidad de la ayuda financiera. Esta es una de las principales preocupaciones de los países receptores, que necesitan información por adelantado para planificar los programas climáticos e integrarlos en los procesos presupuestarios y políticos nacionales. La tendencia de los países ricos a anunciar compromisos financieros ad hoc ha irritado a los receptores, que perciben que esos anuncios tienen más de relaciones públicas que de auténtica ayuda. Otras pequeñas medidas, como la concesión de donaciones en moneda local, pueden contribuir a que la ayuda sea más predecible al eliminar la incertidumbre del cambio de divisas durante períodos de proyecto más largos.

Los financiadores también deberían tomar medidas para hacer más accesible la financiación climática. Muchos países tienen dificultades para cumplir los estándares de gestión de las finanzas públicas exigidas para la acreditación que les permita gestionar directamente los fondos internacionales. Los fondos multilaterales tienen complejos requisitos de solicitud y criterios de evaluación, que exigen una capacidad de la que muchos gobiernos pequeños no disponen o no pueden disponer.

Los pequeños estados insulares se ven especialmente afectados por estas barreras: se benefician menos que otros de estos fondos a pesar de su alta vulnerabilidad. Los financiadores pueden ayudar a los países en desarrollo apoyando procesos de acreditación simplificados, como los del Fondo de Adaptación. También pueden crear “espacios de diálogo” para ayudar a los países en los procesos de acreditación y solicitud.

La responsabilidad debe ir en ambos sentidos

Los países receptores también deberían tomar medidas para mejorar su responsabilidad demostrando que utilizan la financiación climática de forma eficaz y justa.

Los beneficiarios llevan mucho tiempo luchando por establecer el principio de restitución en las negociaciones climáticas de la ONU. Argumentan que la financiación climática es una compensación por el daño, no una ayuda dada por altruismo. Por principio, no creen que deban estar obligados a justificar el uso de la financiación.

Sin embargo, en la práctica, los financiadores temen que la financiación de la lucha contra el cambio climático favorezca la corrupción y apoye a los regímenes autoritarios. Aunque rara vez se reconozca públicamente, esta desconfianza es la causa de muchos de los obstáculos actuales al acceso. Estudios recientes han demostrado que la financiación climática puede ser mal utilizada y que es poco probable que llegue a las comunidades marginadas.

Aunque los beneficiarios pueden resentir con razón el paternalismo de los financiadores, les beneficiaría demostrar su responsabilidad. Las herramientas de información, tanto oficiales como no oficiales, ofrecen oportunidades para hacerlo. Si se demuestra que los proyectos de mitigación están reduciendo eficazmente las emisiones y que la financiación de la adaptación está beneficiando a las comunidades más vulnerables, se generaría confianza entre los financiadores a la hora de intentar reducir las barreras de acceso. Los financiadores pueden ayudar a reducir la carga añadida de la presentación de informes mediante un mayor apoyo financiero y técnico.

La responsabilidad financiera permite el éxito del Acuerdo de París

La COP26 inició un proceso de varios años para determinar un nuevo objetivo de financiación a largo plazo que entrará en vigor en 2025. Los países en desarrollo han vinculado claramente su ambición futura a un aumento significativo del apoyo financiero, estableciendo la expectativa de un trillón de dólares anuales.

Si no se confía en que la financiación sea transparente y accesible, es probable que los países en desarrollo sean más reacios a comprometerse a realizar los recortes de emisiones necesarios para limitar el calentamiento a 2 °C.

En el peor de los casos, la falta de confianza en las finanzas podría hacer fracasar el acuerdo. Sin embargo, es más probable que la falta de confianza vaya minando poco a poco la ambición, haciendo que el Acuerdo fracase por ineficacia.

Tomar medidas ahora para mejorar la responsabilidad tanto de los financiadores como de los receptores garantizará que la financiación permita el éxito a largo plazo del Acuerdo de París, en lugar de obstaculizarlo.