P&R: ¿Qué es el lock-in o bloqueo de carbono? Científicos de SEI explican el concepto

El concepto lock-in de carbono es muy difícil de traducir al español, algunos han usado “bloqueo de carbono”, otros “dependencia al carbono”, pero ninguno realmente comunica todos los matices del concepto original. El lock-in de carbono se refiere al conjunto de tecnologías, instituciones y normas que son inconsistentes o incompatibles con un futuro bajo en carbono, y limitan el progreso hacia ese futuro. Es un proceso por el cual las barreras sociales, políticas y técnicas a la descarbonización se refuerzan entre sí y generan una inercia que favorece el desarrollo de los combustibles fósiles.

Por ejemplo, en México el gobierno decidió invertir en infraestructura para rehabilitar viejas refinerías y construir una nueva (llamada Dos Bocas), con inversiones masivas: más de USD$8 mil millones sólo para la nueva refinería. Pero a pesar de la expectativa de ganancias muy marginales y de la presión de la pandemia por el COVID sobre los presupuestos del gobierno nacional, hubo una inercia por seguir con la construcción. Eso se vio reforzado por el discurso público sobre la seguridad energética, el autoabastecimiento y los puestos de trabajo generados en la construcción, así como por el simbolismo político de este tipo de proyectos que se han vuelto emblemáticos para el gobierno.

Hay muchos riesgos de lock-in de carbono en Latinoamérica. Algunos son de índole infraestructural, como los planes para construir al menos 109 nuevas plantas termoeléctricas a base de carbón y gas en el continente (Global Coal Plant Tracker; Latin America Energy Portal). Varios países están ampliando o planeando ampliar su producción de combustibles fósiles, como Guyana, Brasil, Argentina y Colombia. Otras fuentes de lock-in de carbono son de carácter institucional, como el establecimiento de subsidios para la producción y el consumo de combustibles fósiles, la dependencia del gasto público en su producción mediante impuestos y regalías, o los acuerdos internacionales que les permite a los inversionistas extranjeros demandar al Estado cuando instituye nuevas políticas y reglamentaciones que afectan sus ganancias. Y también existen fuentes de lock-in de carbono de carácter cultural o de comportamiento como las preferencias por automóviles particulares para el transporte.

Muchos países en Latinoamérica continúan incentivando la producción y el uso del carbón, el petróleo y el gas. De acuerdo con datos del Energy Policy Tracker, desde 2020 los gobiernos de Brasil, México, Colombia y Argentina han comprometido más de USD$10 mil millones para apoyar incondicionalmente al sector de los combustibles fósiles, sin exigirle reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o planificar una transición justa. Un estudio liderado por SEI muestra que a pesar de los compromisos internacionales y de las inversiones en varios países de la región para ampliar la contribución de las fuentes de energía renovables no-convencionales (eólica y solar) a la matriz energética, los combustibles fósiles siguen siendo un foco de expansión tanto en su producción como en su consumo.

Durante 2020, cuando el precio del petróleo colapsó, Brasil anunció que priorizaría la expansión de bloques de perforación más económicos en alta mar. En 2021, cuando la recuperación económica de la pandemia hizo subir los precios, el gobierno brasileño volvió a mostrar interés en explotar áreas de producción de mayor costo. Colombia siguió una tendencia similar y a finales de 2021 abrió una licitación para explorar y extraer hidrocarburos en 28 áreas. Así mismo, siguiendo las propuestas del sector, el gobierno colombiano sugirió reducir las regulaciones ambientales y sociales para proyectos minero-energéticos con el fin de facilitar la recuperación del sector. En México las inversiones en la compra, mantenimiento y construcción de tres refinerías quedaron excluidas de los recortes de austeridad del gasto público realizados durante la pandemia. En 2022 el gobierno comprometió más de USD$700 millones para dos proyectos de fracking, un incremento de 219 % en términos reales respecto de 2019, antes de la pandemia.

Las razones por las que los gobiernos incentivan los combustibles fósiles, independientemente de su valor comercial, se pueden categorizar en económicas, institucionales y culturales. En primer lugar, Argentina, Brasil, Colombia y México cuentan con empresas estatales de petróleo y gas que tienen una enorme carga fiscal para sus economías. En tiempos de precios bajos el volumen adicional de producción puede ayudar a aliviar el impacto, mientras que en épocas de precios altos incrementar la producción puede contribuir a aumentar los ingresos y generar un colchón financiero. La presión económica para producir cada vez más es significativa; por ejemplo, algunos estudios estiman que, si los países latinoamericanos redujeran su producción de hidrocarburos para alinearse con sus compromisos climáticos, perderían alrededor del 40% de su potencial recaudatorio.

En segundo lugar, los intereses políticos y comerciales han perpetuado la idea de que las industrias extractivas fomentan el desarrollo y una mejor calidad de vida. En Colombia se aprobó en 2020 una reforma al Sistema General de Regalías en un momento crítico de la pandemia. Dicha reforma impulsó los fondos de regalías asignados a las regiones donde se realiza la extracción aumentando su dependencia financiera del sector, y al mismo tiempo incentivando la producción de combustibles fósiles. Finalmente, no se debe subestimar el impacto cultural de múltiples generaciones de trabajadores involucrados en el sector extractivo. Esto, junto con el énfasis en la importancia del sector para el desarrollo económico y social de la región, sugiere que ciertas zonas han desarrollado vínculos estrechos con el sector y se considera que este tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus respectivas economías locales.

Estos ejemplos muestran el refuerzo entre las dimensiones económicas, tecnológicas, socioculturales y políticas del lock-in. Los gobiernos de países y regiones productoras tienen una enorme presión por resolver huecos fiscales de la pandemia. Pero en lugar de reducir los cuantiosos y costosos subsidios, recurren a los mismos argumentos de seguridad energética, soberanía y desarrollo. Estos argumentos perpetúan un modelo de desarrollo basado en la extracción, sin considerar las consecuencias a mediano y largo plazo, lo que resulta en malas decisiones de inversión cuando la tendencia actual general es la transición energética. Existe un muy alto riesgo de que esas inversiones se pierdan, es decir, que se conviertan en activos varados, lo cual significa que resulten en pérdidas. Por lo tanto, reforzar el modelo extractivista mantiene viva la posibilidad de que la volatilidad en los precios de los combustibles fósiles perjudique las economías nacionales y subnacionales, como se ha visto en los últimos años.

Un reporte reciente del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que recoge la evidencia científica del calentamiento global muestra que la influencia del ser humano en el clima es “inequívoca”. Con esto el informe se refiere principalmente a los efectos de un sistema económico global basado en los combustibles fósiles. De continuar con los patrones actuales, las temperaturas promedio globales llegarían a 1.5° C en 2040 y seguirían incrementando, con consecuencias catastróficas, como más olas de calor, cambios en el ciclo del agua y un aumento del nivel del mar, que afectarían a miles de millones de personas alrededor del mundo. Algunas consecuencias ya las estamos viviendo con tormentas y huracanes más frecuentes e intensos, con sequías y olas de calor extremas, con graves inundaciones y migración de poblaciones a raíz de estos desastres, entre otros.

Desafortunadamente, el mundo todavía no ha trazado una trayectoria hacia un clima seguro. Según el Informe sobre la Brecha de la Producción del 2020, para limitar el calentamiento global a 1.5°C, el mundo tiene que disminuir su producción de combustibles fósiles en alrededor de 6% cada año entre 2020 y 2030. Sin embargo, en vez de reducir su producción, en promedio los países están planeando y proyectando incrementos anuales de 2%, lo cual para el 2030 resultaría en más de doble de los niveles de producción necesarios para limitar el incremento de temperatura en 1.5°. Por otro lado, según el Informe sobre la Brecha de las Emisiones de 2019, las emisiones de dióxido de carbono generadas por el uso de combustibles fósiles en la producción de energía y en la industria crecieron 2% en 2018, alcanzando un récord de 37.5 Gt CO2 ese año. La pandemia provocó una reducción de las emisiones globales de CO2 en 2020, pero las emisiones llegaron a su nivel histórico más alto en 2021.

La continua expansión de la producción y el consumo de combustibles fósiles significa impactos climáticos cada vez más severos, como los huracanes Eta e Iota que destruyeron partes de Colombia y Centroamérica en noviembre de 2021, o las desastrosas inundaciones  que sufrieron millones de colombianos en 2010. Es de esperarse que también exista un incremento en la cantidad e intensidad de eventos extremos. Los cambios que se avecinan afectarán el ciclo del agua, la seguridad alimentaria, el control de enfermedades y el estado de las infraestructuras, poniendo en riesgo los modos de vida y la salud de millones de personas. Además, los costos de mitigación y adaptación no harán más que aumentar a medida que se retrase la acción climática.

Finalmente, hay un riesgo importante de que los países y regiones productoras de combustibles fósiles, o dependientes de actividades económicas intensivas en carbono, resulten con activos varados (es decir, activos que sufren devaluaciones o cancelaciones prematuras, o se convierten en pasivos como resultado de una transición con bajas emisiones de carbono u otros riesgos relacionados con el medio ambiente), así como de que los trabajadores y las comunidades se rezaguen en la transición hacia una economía baja en carbono.

En el contexto de la pandemia los gobiernos han estado movilizando formidables cantidades de recursos públicos para reactivar la economía y proteger a los ciudadanos. Esos esfuerzos incluyen inversiones masivas en nuevas infraestructuras y cambios (temporales o permanentes) en las instituciones que gobiernan las actividades económicas. Esas inversiones y cambios regulatorios representan un riesgo significativo de lock-in de carbono. En efecto, si se dirigen a tecnologías o sectores intensivos en carbono provocarán emisiones de GEI adicionales por décadas; además, son recursos que se hubieran podido invertir en tecnologías y sectores con más potencial para contribuir a una transición energética mundial. A su vez, los cambios regulatorios pueden debilitar las salvaguardas existentes destinadas a limitar los efectos sociales y medioambientales negativos de ese tipo de actividades y proyectos.

Ahora bien, los esfuerzos de recuperación económica en curso también representan una oportunidad para redirigir las economías e instituciones latinoamericanas hacia modelos más sustentables y coherentes que permitan cumplir los objetivos climáticos globales. Debido a sus altos niveles de desigualdad, a la dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles y a la falta de empleos decentes, la región es particularmente vulnerable a la pandemia y a los impactos del cambio climático. En ese contexto, acelerar el uso de alternativas a los combustibles fósiles tiene muchas ventajas: mejorar la calidad del aire, reducir la vulnerabilidad de las economías en la región ante la volatilidad del mercado global de combustibles fósiles, generar nuevas fuentes de empleo, y mejorar el acceso a sistemas de transporte público eficientes y asequibles. Además, algunas tecnologías de energías renovables ya son más económicas que los tradicionales combustibles fósiles para producir electricidad en varios países y tienen el potencial de proporcionar un mejor servicio, especialmente en las zonas rurales.

Existe evidencia de que los países productores están priorizando los combustibles fósiles en sus estrategias de recuperación económica postpandemia, y en respuesta a los elevados precios de los combustibles fósiles resultantes de la guerra en Ucrania, pero es muy importante que cambien su actual modelo de desarrollo hacia uno más diversificado y sostenible para reducir su vulnerabilidad ante los mercados internacionales. Si no lo hacen corren el riesgo de quedar rezagados en la transición energética a medida que aumenta la demanda de productos y servicios bajos en carbono, y que los combustibles fósiles quedan cada vez más excluidos de los portafolios de inversión internacionales.

Históricamente las crisis globales con extensos efectos económicos han impactado al consumo y producción de combustibles fósiles. La crisis petrolera de 1973, el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la crisis financiera de Asia de 1997 supusieron un estancamiento del consumo mundial de combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, al cabo de algunos años, reaparecieron las tendencias de crecimiento del consumo de combustibles fósiles. De no existir una planeación estratégica que tenga en cuenta la volatilidad de los precios y la reducción a largo plazo de la demanda, la producción y el uso de combustibles fósiles continuarán dominando las economías latinoamericanas, con evidentes consecuencias para el clima y la humanidad. Eventos imprevistos, como la invasión rusa de Ucrania, también ponen de relieve esa dinámica. Sin embargo, ciertos esfuerzos pueden ayudar a las ciudades, regiones y países de Latinoamérica a aprovechar las crisis para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

• Apoyo público a las innovaciones tecnológicas verdes: con el gradual regreso a la normalidad en las actividades económicas, industriales y de transporte se crean oportunidades para hacerlas menos dependientes de los combustibles fósiles. Electrificar flotas vehiculares y hogares, y expandir y mejorar el transporte público es un ejemplo. Sin embargo, es necesario el apoyo público para estimular la innovación y acelerar su despliegue a fin de que tenga un impacto sustancial. A pesar de que muchas de estas inversiones e innovaciones podrían provenir del sector privado, se necesita establecer alianzas con el Estado para mejorar los marcos regulatorios y fiscales de forma que generen condiciones de éxito.
• Inclusión de un enfoque de justicia en las estrategias de transición energética: una transición exitosa depende de que los planes de recuperación cuenten con el apoyo de las regiones y las comunidades que dependen de la producción de combustibles fósiles, y de otras actividades económicas que emiten grandes cantidades de GEI. Es esencial garantizar que los trabajadores, las infraestructuras, los servicios y el futuro económico sean considerados en los planes de recuperación para que cualquier plan de transición tenga mayor probabilidad de éxito. Entre los ejemplos de apoyo a estas comunidades están las inversiones para la diversificación económica, la reparación de los daños medioambientales y la inclusión de las poblaciones locales y los grupos desfavorecidos en el desarrollo de planes de transición.
• Coordinación internacional: uno de los mayores obstáculos a la transición energética necesaria para limitar los impactos del cambio climático es el acceso desigual al capital de inversión para desarrollar fuentes de energías bajas en carbono, para apoyar los esfuerzos de diversificación económica en las regiones dependientes de la producción de combustibles fósiles, y para mantener unas finanzas públicas saludables. De hecho, los países de América Latina dependientes de combustibles fósiles, incluida Colombia, se ven presionados financieramente para seguir produciendo combustibles fósiles. También suelen carecer de capital para transformar sus infraestructuras dependientes de los combustibles fósiles. Por lo tanto, requieren más apoyo de los países desarrollados en forma de capital y tecnología para superar las barreras de la transición energética.