Con el acelerado avance hacia las energías renovables, garantizar que la transición sea justa, inclusiva y equitativa se ha convertido en un desafío cada vez más apremiante. En Colombia, la figura de asesores comunitarios representa un avance hacia la garantía de justicia en procesos consultivos y de relacionamiento entre empresas desarrolladoras y comunidades locales. Concebidos como un derecho de las comunidades durante los procesos de consulta previa, los asesores comunitarios idealmente cuentan con el conocimiento y la experiencia que las comunidades a menudo carecen para analizar las implicaciones económicas, ambientales, de salud, sociales y culturales que se han producido o pueden llegar a producirse con la implementación de un proyecto o actividad, así como las respectivas medidas de manejo. Sin embargo, el papel de los asesores comunitarios ha sido significativamente devaluado debido a las malas prácticas observadas y experimentadas en el marco de las consultas previas.

SEI organizó el conversatorio “El rol de los asesores en las consultas previas eólicas: experiencias y desafíos” como un espacio de diálogo y reflexión que reunió a asesores comunitarios en ejercicio, empresas, representantes del sector público nacional y regional, así como a líderes, autoridades y miembros de comunidades Wayuu. El encuentro se centró en analizar el rol, los desafíos y las oportunidades de las asesorías comunitarias para impulsar una transición energética justa en La Guajira. En este artículo, compartimos algunas de las principales reflexiones surgidas durante el evento.

Mantener la soberanía comunitaria

La toma de decisiones debe permanecer en la comunidad, con los asesores actuando estrictamente en capacidad de acompañantes y orientadores

Es fundamental que las comunidades puedan expresar sus propias perspectivas en los procesos de consulta previa, preservando su soberanía y autonomía, mientras se garantiza la defensa genuina de sus intereses. Durante el conversatorio, los asesores criticaron el hecho de que algunas empresas les exijan poderes de representación, y que el Ministerio del Interior acepte tales exigencias. En contextos donde existen poderes de representación, las empresas suelen dirigirse exclusivamente al apoderado, que no siempre concerta con la comunidad y, por ende, ocupan o reemplazan las propias instituciones gobernativas y representativas de la comunidad. Si un asesor tiene una petición a la empresa, esta debe ser socializada y decidida por la autoridad de la comunidad, asegurando la transparencia en los diálogos y permitiendo a la empresa verificar que el asesor no se esté extralimitando en su rol. El asesor debe ser una figura que acompañe, oriente y brinde conocimientos a la comunidad durante el proceso de consulta previa, garantizando que sea la comunidad quien tome las decisiones en el ejercicio de su soberanía y autonomía.

Valorar el rol de las mujeres

Las mujeres en los procesos de consulta actúan como mediadoras y consejeras, su liderazgo promueve el diálogo y la armonía en la comunidad

En los procesos de consulta y asesorías, el rol de las mujeres es muy importante; son mediadoras en los conflictos y consejeras en la toma de decisiones. Una mujer que haga presencia en los conflictos de la comunidad es vista como una líder, prudente y respetada en su clan o e’irükuu, cuya presencia refleja la intención de diálogo y genera tranquilidad para las partes. Además, dependiendo de su rol, por ejemplo, como Outsü o Piache (guía espiritual), pueden contribuir a mantener la armonía tanto dentro de su comunidad como con otras comunidades, e interpretar los sueños, los cuales permiten a su comunidad prepararse para el futuro y cualquier eventualidad en su territorio. En ese sentido, las mujeres Wayuu son garantes de que los procesos de consulta previa y asesoría no afecten la soberanía y autonomía comunitaria, y se adapten a las dinámicas culturales locales.

En últimas, la consulta previa no debe ser concebida como un enfrentamiento, sino como un diálogo constructivo, basado en una cultura de entendimiento mutuo para alcanzar acuerdos que respeten y beneficien a las comunidades.

Desmonetizar y regular las asesorías

Las asesorías deben ir más allá de la negociación de beneficios económicos y priorizar una correcta identificación y manejo de impactos. Además, se deben regular más específicamente aspectos como sus obligaciones, idoneidad y costos.

Durante el panel, los asesores resaltaron la necesidad de identificar y sistematizar las mejores prácticas de asesoría que permitan asegurar interacciones más efectivas y éticas con las comunidades. Aunque los costos de contratación de los asesores son responsabilidad del desarrollador del proyecto, algunos asesores imponen condiciones que obligan a una comunidad a cederles una parte considerable de los beneficios y compensaciones obtenidas, reduciendo las posibilidades de la comunidad de mejorar sus condiciones de vida. Se manipula el acceso a esos recursos a través de, por ejemplo, rituales de armonización y la solicitud directa de un porcentaje de la compensación a la comunidad.

Desmonetizar el rol de las asesorías y el enfoque de la consulta previa es un paso crucial. Para lograrlo, resulta clave prestar especial atención a la fase de elaboración de la matriz de identificación y análisis de impactos, así como a la formulación de medidas de manejo; allí se discuten los impactos del proyecto, se proponen y acuerdan medidas de manejo para prevenir, corregir, mitigar o, en últimas, compensar tales impactos. Sin embargo, a menudo la discusión se limita a las compensaciones, centrando la discusión en una cuestión monetaria y dejando de lado oportunidades para implementar otras acciones que podrían traducirse en mayores beneficios sociales, económicos y ambientales a largo plazo para la comunidad. Este enfoque requiere un conocimiento profundo del territorio y potenciales afectaciones.

Además, ante la ausencia de una normativa específica que regule el rol del asesor en procesos de consulta previa, no existe un límite a sus costos u honorarios. Tampoco son claros aspectos como criterios de selección, obligaciones o mecanismos de monitoreo. En ese sentido, es preciso establecer una normativa que defina los alcances del rol del asesor en las diferentes etapas de la consulta previa. Dicha normativa debería considerar:  

• Criterios de idoneidad y mecanismos de registro: definir las capacidades y experiencias requeridas incluyendo un mecanismo de registro que permita facilitar la acreditación.
• Obligaciones, responsabilidades y tarifas: definir obligaciones y responsabilidades del asesor, y establecer lineamientos para la fijación de tarifas basados en criterios como nivel de experiencia, viáticos y horas trabajadas, entre otros.
• Código de conducta: establecer normas éticas y profesionales que los asesores deben seguir.
• Mecanismos de supervisión y reporte: establecer mecanismos para supervisar y reportar el comportamiento de los asesores, incluyendo posibles medidas disciplinarias ante malas prácticas.

Seguimiento y monitoreo más allá de la protocolización

La responsabilidad del asesor no debería terminar con la firma de un acuerdo de protocolización; por el contrario, se vuelve aún más crucial en la fase de seguimiento y monitoreo

Los panelistas y participantes del conversatorio coincidieron en que el rol del asesor no debería limitarse a la protocolización de acuerdos. En lugar de ello, el asesor debería desempeñar un papel activo durante toda la ejecución del proyecto, extendiéndose al seguimiento y monitoreo de los acuerdos alcanzados.  Para garantizar que los acuerdos se cumplan de manera efectiva, es esencial un seguimiento continuo y detallado de cada compromiso pactado, así como la verificación de que las medidas de manejo de impactos se implementen correctamente y se propongan ajustes de ser necesario.

Este proceso de seguimiento garantiza no solo la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del proyecto, sino también la promoción de un impacto positivo a largo plazo.