Este texto recoge reflexiones sobre la viabilidad de la copropiedad comunitaria en proyectos renovables en La Guajira, con aportes de líderes Wayuu, académicos, ONG, autoridades y desarrolladores.
La transición energética en Colombia ha puesto a La Guajira en el centro del debate nacional. Este territorio, ancestralmente habitado por comunidades indígenas Wayuu, ha sido priorizado para la instalación de parques eólicos y solares a gran escala. Sin embargo, la implementación de estos proyectos ha estado marcada por tensiones asociadas a preocupaciones de justicia y equidad, que derivan en retrasos y cancelaciones de proyectos. Ante este panorama, la copropiedad comunitaria (esquemas en los que las comunidades participan como socias) ha sido planteada por diversos actores como una alternativa capaz de reconfigurar las relaciones entre empresas y comunidades, abriendo interrogantes sobre sus alcances y condiciones de viabilidad en el territorio.
La posibilidad de implementar esquemas de copropiedad comunitaria en proyectos de energía renovable en La Guajira fue el eje central de una de las sesiones del diplomado “Diálogo intercultural, energía eólica y participación comunitaria” liderado por SEI. Esta sesión, conducida por Juan Dumas, cofundador y socio de Meliquina, reunió a líderes Wayuu, académicos, representantes de ONGs, autoridades ambientales y desarrolladores de proyectos para reflexionar sobre las ventajas, obstáculos y condiciones mínimas para viabilizar modelos de copropiedad. Este escrito recoge y amplía algunas de las ideas y preguntas que surgieron en ese espacio colectivo de reflexión.
La copropiedad en proyectos energéticos propone una transformación estructural en las relaciones entre comunidades locales y empresas desarrolladoras. A diferencia de los modelos tradicionales, basados en compensaciones económicas o en programas de responsabilidad social, la copropiedad supone una participación directa de las comunidades en la toma de decisiones, la distribución de beneficios, y el manejo de riesgos y responsabilidades. Lejos de ser una concesión simbólica, el codesarrollo y la copropiedad comunitaria desde el origen de un proyecto configuran un proceso de consentimiento libre, previo e informado. Después de todo, ¿qué puede ser más significativo que participar desde el inicio en la planificación, estructuración y ejecución de un proyecto que transforma el territorio?
A nivel internacional existen experiencias inspiradoras. En Canadá, comunidades indígenas son socias en parques eólicos y solares, líneas de trasmisión y proyectos de almacenamiento de energía con posiciones accionarias que van del 10 al 50%. En Nepal, se han promovido modelos donde los residentes locales pueden adquirir acciones de proyectos hidroeléctricos, generando esquemas de copropiedad individual que ofrecen beneficios económicos y representación en la gobernanza de proyectos. Estos modelos han fortalecido la aceptación social, han mejorado la distribución de beneficios y han reducido conflictos.
No obstante, estas experiencias responden a marcos jurídicos, culturales y económicos distintos. La tarea en Colombia no consiste en replicarlos mecánicamente, sino en construir un enfoque propio, adaptado a las condiciones técnicas, sociales y políticas de territorios como La Guajira. Al menos cuatro factores influyen en la viabilidad de estos esquemas:
La implementación de esquemas de copropiedad requiere de actores dispuestos a innovar, asumir riesgos y redefinir sus roles tradicionales. En el caso de las comunidades, esto implica dejar de concebirse únicamente como receptoras de beneficios para verse como potenciales socias con voz y voto. Para las empresas, implica abandonar la lógica de gestión del riesgo social y transitar hacia el reconocimiento de las comunidades como aliadas estratégicas.
Ser pionero exige enfrentar preguntas complejas: ¿cómo se diseña un proyecto con la comunidad desde el inicio? ¿Qué implica compartir decisiones estratégicas, rendimientos financieros y responsabilidades legales? ¿Qué mecanismos de gobernanza deben crearse para sostener la confianza entre las partes?
En Colombia, el caso de Terra Initiative constituye un antecedente relevante. En este proyecto solar, la comunidad participó en la etapa de diseño, cocreando el enfoque territorial, cultural y técnico. Gracias a este proceso de construcción conjunta no fue necesario realizar el procedimiento formal de consulta previa. Además, la empresa contempla que la comunidad pueda llegar a adquirir hasta un 49 % de participación en el proyecto.
En contextos como La Guajira, donde la desconfianza es profunda, encontrar estos primeros actores es un desafío, pero un primer caso exitoso podría cambiar las reglas del juego y abrir el camino para nuevas iniciativas.
La copropiedad requiere corresponsabilidad y una participación estratégica basada en las capacidades organizativas y territoriales de las comunidades. Participar como socio implica asumir tareas concretas como dialogar con actores clave, apoyar la gestión de licencias y permisos, promocionar el proyecto en entidades financieras, promover alianzas con potenciales compradores de la energía generada, entre otras.
Si bien el fortalecimiento de capacidades técnicas, financieras y legales es indispensable para garantizar una participación comunitaria informada y sostenible, también es fundamental reconocer y aprovechar las capacidades propias de las comunidades. Sus formas de organización, su arraigo territorial y su experiencia en la interlocución con actores externos les otorgan un papel activo tanto en el diseño como en la implementación de los proyectos.
Asimismo, las empresas deben ampliar su comprensión de los tiempos, las formas de deliberación colectiva y los valores que guían la toma de decisiones en las comunidades. La construcción conjunta de un proyecto no se limita a consultar, sino que implica co-crear una visión compartida desde las etapas iniciales.
El proyecto solar ANTU en Argentina, codesarrollado por la comunidad mapuche Millaqueo, Meliquina y Sustentar Energía, ilustra el potencial de la copropiedad cuando las comunidades asumen un rol activo. La comunidad participó desde la etapa temprana de estructuración, movilizó voluntades institucionales y facilitó procesos clave como la obtención de la licencia ambiental. Al ser la comunidad la promotora del proyecto, se aceleraron trámites que, gestionados únicamente por la empresa, habrían tardado mucho más. Además, se redujo notablemente el riesgo de oposición social, un factor que los bancos consideran determinante al evaluar la viabilidad de este tipo de proyectos.
Aunque la tierra es un activo estratégico para el desarrollo de proyectos, su valor financiero dentro de la estructura global de inversión es limitado, representando, por lo general, entre el 1 % y el 4 % del costo total del proyecto. Para que las comunidades puedan participar en calidad de socias con poder real de decisión, es necesario ampliar su base de capital.
Algunos de los aportes adicionales que pueden fortalecer su posición son los recursos derivados de compensaciones, transferencias del sector eléctrico, o ingresos comunitarios gestionados de manera colectiva. Sin embargo, en muchos casos estos fondos no son suficientes, y resulta necesario estructurar esquemas de financiamiento externo. Esto implica que un tercero, como una entidad pública o un fondo climático, actúe como garante de la inversión comunitaria.
Este acceso a capital también exige una reflexión estratégica dentro de las comunidades: ¿tienen la solidez organizativa, el consenso interno y el acompañamiento necesario para tomar decisiones colectivas sobre inversión, distribución de beneficios y gestión de posibles pérdidas? y ¿están dispuestas a asumir los riesgos económicos que implica entrar en un negocio de largo plazo?
Si queremos ser socios, tenemos que jugar en la cancha de los inversores y jugar bien
Juan Dumas, cofundador y socio de Meliquina
En Colombia, no existen restricciones legales para que una comunidad sea socia en un proyecto de energía renovable, y mecanismos como las subastas podrían convertirse en un impulso regulatorio clave si incorporan criterios que promuevan la copropiedad comunitaria. Sin embargo, muchas comunidades no cuentan con organizaciones legalmente constituidas y habilitadas para participar formalmente en sociedades comerciales, firmar contratos, recibir dividendos o asumir obligaciones legales en representación de toda la comunidad. La ausencia de estas figuras limita su capacidad de participación efectiva.
Además, llevar el concepto de sociedad al interior de las comunidades implica un proceso cultural y político. Ser socios en un proyecto les exige a las comunidades pensar colectivamente la toma de decisiones, la distribución de beneficios y la visión a largo plazo de la figura jurídica. Todo esto requiere una base organizativa fuerte y legítima que, particularmente en muchas comunidades indígenas Wayuu, aún está por consolidarse.
Cuando una comunidad se organiza y se involucra de forma decidida, las empresas no solo muestran mayor interés, sino que dejan de verla como un factor de riesgo
Juan Dumas, cofundador y socio de Meliquina
La copropiedad indígena en proyectos de energía renovable representa una vía innovadora para construir una transición energética más justa, participativa y sostenible en Colombia. Si bien su implementación plantea desafíos técnicos, financieros y organizativos, también plantea oportunidades reales para reconfigurar las relaciones entre empresas y comunidades.
Project / This project aims to steer renewable energy development in La Guajira towards more equitable and socially beneficial paths.
Program / This programme aims to build a collaborative platform to accelerate renewable energy deployment in La Guajira.
Feature / Diplomado, liderado por SEI, fortalece las capacidades de representación del pueblo Wayuu en el desarrollo de proyectos eólicos y su infraestructura asociada.
Feature / Investigadores de SEI documentan las experiencias y desafíos de los asesores comunitarios, actores fundamentales para alcanzar una transición energética justa.
SEI report / Este reporte identifica los factores sociales habilitantes para aceptación social de los proyectos eólicos en La Guajira, Colombia.
