Las economías locales y regionales dependientes de la producción de carbón han enfrentado serios desafíos en los últimos años debido a la volatilidad de los mercados globales de este recurso. Desde 2020, el departamento del Cesar en Colombia, particularmente el municipio de La Jagua de Ibirico, ha sufrido serias consecuencias tras el repentino cierre de operaciones de una de las principales compañías mineras de carbón activas en el país.

Este evento no solo marcó un cambio crítico para la economía local, también desató una serie de impactos sociales y económicos profundos: despidos masivos, crisis en las familias afectadas y el colapso de las economías de servicios que habían crecido alrededor de la industria del carbón, como el transporte, la hostelería y la alimentación, sin dejar por fuera el legado de impactos socioambientales de décadas de extracción de carbón. Esta situación ha desencadenado una evidente crisis en una región ya marcada por el conflicto armado, con profundas desigualdades sociales, altos niveles de informalidad y escasas alternativas productivas. Los retos de gestión para las autoridades frente a esta crisis son significativos en todos los niveles, especialmente en el municipio, y con la probabilidad que pueda repetirse en otros municipios dependientes del carbón en el “Corredor Minero”. La alcaldía de La Jagua de Ibirico ya está operando con menos recursos por la salida de la empresa y, por lo tanto, capacidades reducidas, lo que indica algunos de los desafíos institucionales y financieros para apoyar transiciones justas del carbón.

La experiencia de La Jagua de Ibirico sirve como caso de estudio para entender los desafíos para lograr una transición energética justa en las regiones productoras de carbón. Gran parte del trabajo sobre transiciones justas resalta el papel fundamental de las autoridades locales en liderar la planificación. Sin embargo, los gobiernos locales y regionales en países de ingresos medios y bajos enfrentan desafíos y limitaciones significativos en sus responsabilidades y capacidades.  En el contexto de la suspensión abrupta de las operaciones mineras, estos desafíos institucionales y financieros pueden agravarse aún más. En otras palabras, así como se espera que las autoridades locales aborden una variedad de impactos, tanto previsibles como inesperados, derivados de la suspensión de operaciones mineras, es probable que se vean limitadas por una reducción de recursos, competencias y capacidades.