No habrá transiciones energéticas justas sin justicia de género. Esto implica ir más allá de enfoques limitados que solo buscan compensar a pequeños grupos afectados por la transición —como los trabajadores formales, en su mayoría hombres—, y cuestionar las ideas preconcebidas sobre los roles de género, muchas veces fundamentadas en posturas eurocéntricas y de clase social alta.
Sobre la autoría de esta perspectiva
SEI hace parte de la Alianza TEJI (Transición Energética, Justicia e Igualdad), una red de organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y México que promueven la integración de las perspectivas de género e interseccionalidad en las transiciones energéticas. Este artículo es una reflexión sobre etnia y género que nace de la colaboración entre Mujer y Medio Ambiente (MMA), the International Energy Initiative Brasil (IEI) y SEI alrededor de las transiciones energéticas justas en contextos Indígenas.
Avanzar hacia una transición verdaderamente justa requiere reconocer que las relaciones de género en América Latina están marcadas por dinámicas históricas de poder que se entrecruzan con la etnicidad y la clase, y que, en muchos contextos, sostienen y reproducen la violencia basada en género.
En muchas comunidades Indígenas, los roles, expectativas y dinámicas relacionadas con las relaciones de género no se dan ni se nombran de la misma manera que en contextos urbanos. Esto no es únicamente un asunto de lenguaje, ni se trata de variaciones superficiales de los roles de género occidentales; se trata de entendimientos diferentes del mundo, la cultura y las relaciones sociales, que expresan cómo el género se construye de manera particular en cada sociedad, cultura y momento histórico. Los casos de La Guajira (Colombia) y João Câmara (Brasil) – dos regiones con poblaciones Indígenas que se enfrentan al establecimiento de nuevos proyectos de energías renovables a gran escala – resaltan la importancia de la sensibilidad intercultural en la transversalización del enfoque de género en las transiciones energéticas.
La Guajira es uno de los epicentros para la generación de energías renovables en Colombia. Pero este territorio no sólo es estratégico para la transición energética: también es el hogar del pueblo Indígena Wayuu que, junto a otras formas de vida, ha resistido durante siglos una serie de transformaciones impuestas desde fuera, como la colonización, las bonanzas económicas, la imposición de un modelo minero-energético y los efectos de un sistema de gobierno centralista.
Actualmente, el 46% de la población de La Guajira hace parte del pueblo Wayuu y el 62,5% del área del departamento está protegida bajo la figura de resguardos Indígenas, entidades territoriales inalienables, imprescriptibles e inembargables con sus propios modelos de gobierno y relaciones comunitarias. El recurso eólico de La Guajira es excepcional. En este territorio se construyó Jepirachi, el primer parque eólico de Colombia, inaugurado en 2004. Diecisiete años más tarde se puso en marcha Guajira 1, el segundo parque del país, ubicado a pocos kilómetros del primero. Hoy, La Guajira se ha convertido en el epicentro de la expansión eólica nacional, con más de 40 proyectos eólicos en diferentes fases de desarrollo, la mayoría se planean dentro de territorio Wayuu.
Como respuesta, se han gestado movimientos que conectan la defensa de los derechos de las mujeres con los derechos territoriales, étnicos y la defensa ambiental. Un ejemplo es Sütsuin Jiyeyu Wayuu (Fuerza de Mujeres Wayuu), una organización que defiende los derechos humanos y ambientales frente al conflicto armado, la implementación de megaproyectos y el desplazamiento forzado.
Rio Grande do Norte es el segundo estado con mayor número de parques eólicos operando en Brasil, comprendiendo 309 de 1122 parques en el país. Asimismo, João Câmara, un municipio de Rio Grande do Norte, ocupa el tercer puesto de parques eólicos en operación en el estado y uno de los primeros diez municipios en el país, con 29 parques instalados desde 2011.
Debido a la importancia de la generación eólica, este municipio ha buscado el título de “Capital nacional de los vientos” mediante el Proyecto de Ley 3682 de 2020. Pero más allá de eso, João Câmara es el municipio con mayor población Indígena del estado. Viven cerca de 2400 Indígenas de la etnia Potiguara, conocidos como los “Mendonça de Amarelão”. Sin embargo, hasta el momento el estado de Rio Grande do Norte no tiene ningún territorio indígena formalmente delimitado.
Al igual que muchos otros, los pueblos Indígenas de esta región han sufrido violencia e invisibilización desde la colonización. Aunque la etnia Potiguara ocupa el territorio de Rio Grande do Norte desde el siglo XVI, con la fundación del municipio de João Câmara a inicios del siglo XX, se establecieron haciendas de algodón y pecuarias en la región, expulsando a los pueblos Indígenas hacia un área reducida, donde hoy está la comunidad de Amarelão. Debido al crecimiento poblacional y a la necesidad de más tierra, con el tiempo la comunidad de Amarelão pasó a ocupar otras áreas dentro y fuera de aquel considerado históricamente territorio Mendonça, en gran parte, sin ninguna garantía legal.
La ausencia de delimitación y reconocimiento de su territorio posibilitó que los diversos parques eólicos del municipio se instalaran en áreas próximas a las comunidades y sin consulta previa, lo que generó impactos directos e indirectos a esa población. Fue a través de la organización política de sus asociaciones y el empeño de sus liderazgos, principalmente mujeres, que en 2024 los Mendonça desarrollaron su Protocolo de Consulta Previa, registrado en el órgano ambiental estatal, estableciendo garantías legales e impidiendo que nuevos parques se instalen cerca de su territorio sin que haya un proceso de consulta.
Cada comunidad Indígena responde a un contexto propio. Ante a los megaproyectos energéticos, pretender resolver los problemas de género locales con ideas preconcebidas, herramientas externas y sin un diálogo real con el territorio no solo resulta ineficaz, sino que puede profundizar el rechazo.
Eduar Monsalve /SEI
En territorios como La Guajira y João Câmara – con tradiciones, modos de vida y visiones del mundo que se han resistido a ser borradas y reemplazadas por prácticas, formas de pensamiento y formas occidentales de pensamiento y relación con el mundo occidentales – es fundamental comprender que las realidades locales demandan enfoques propios, situados y culturalmente pertinentes.
En la comunidad Wayuu las relaciones de género se dan en medio de un contexto de herencia matrilineal de la cultura y la pertenencia étnica, de formas de autoridad masculina ligadas al parentesco femenino, y de la influencia occidental sobre la cultura Wayuu, entre otros. Las mujeres desempeñan un papel central en la transmisión de la lengua, los saberes y la organización familiar, pues la pertenencia al clan se determina por línea materna. En las últimas décadas, las transformaciones económicas, educativas y culturales derivadas del contacto con la sociedad nacional y con los proyectos extractivos han reconfigurado las dinámicas de género, generando tensiones entre las prácticas tradicionales y las nuevas formas de participación femenina y equidad de género – algunas veces catalogadas como “cosas occidentales” o “de afuera”.
El caso de los Mendonça do Amarelão, por otro lado, es un ejemplo de liderazgo femenino que resulta de un proceso histórico propio, consolidado desde la década de 1980, cuando las mujeres empezaron a ocupar espacios de decisión y representación en su territorio. Mediante su participación política y en espacios de organización comunitaria, las mujeres de esta comunidad han construido liderazgos fundamentados en el cuidado y lo colectivo. Actualmente, la mayoría de las comunidades de Mendonça do Amarelão son lideradas por mujeres (cacicas).
Cada comunidad Indígena responde a un contexto propio. Ante a los megaproyectos energéticos, pretender resolver los problemas de género locales con ideas preconcebidas, herramientas externas y sin un diálogo real con el territorio no solo resulta ineficaz, sino que puede profundizar el rechazo, especialmente cuando estas intervenciones se perciben como parte de un paquete de valores ajenos, coloniales u occidentales. Por eso, cualquier enfoque transformador debe partir del territorio, de las relaciones sociales y culturales que lo construyen y de las voces que lo habitan.
Escuchar es el primer paso. Comprender cómo se configuran las relaciones de género en cada comunidad, cuál es el significado del territorio para mujeres y hombres, cómo se concibe el buen vivir y qué transformaciones se consideran culturalmente viables y deseables. Al igual que los roles y las desigualdades de género, las soluciones no son universales. Por ello, su construcción debe ser participativa y no impuesta, e incluir un acercamiento a grupos locales que promuevan la equidad de género, garantizando que todas las personas —sin distinción de género, clase, etnia, edad u orientación sexual— sean consideradas en los procesos de transición energética justa.
Asumir una transición energética con enfoque de género implica compromisos éticos concretos frente a la discriminación y la desigualdad. Significa que las soluciones deben ser situadas, construidas en lenguajes comunes y a partir de marcos conceptuales que puedan ser comprendidos y apropiados localmente, generando así transformaciones legítimas y coherentes. Abandonar las explicaciones universales en favor de modelos de cambio situados no sólo contribuye a procesos más efectivos con comunidades Indígenas, sino que también fomenta las relaciones horizontales y es un paso hacia desmontar un modelo colonizador, aún vigente a través del acompañamiento estatal, las economías extractivas, la cooperación internacional y la investigación.
Las transiciones energéticas verdaderamente justas no se construyen en oficinas lejanas. Se diseñan conjuntamente en el territorio, reconociendo que la justicia de género no es un accesorio, sino un elemento central que debe adaptarse y dialogar con los contextos en los que nos involucramos.
Si aspiramos a que el fin de todas las formas de discriminación y violencia de género sea una realidad tangible, debemos transformar las prácticas y estructuras que sostienen la desigualdad. Para una inclusión real necesitamos dejar de hablar sobre las comunidades y empezar a trabajar con ellas, tejiendo colectivamente los caminos de una transición que, más allá de la energía, sea social y ecológicamente transformadora.

