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Para garantizar la justicia en la transición lejos de los combustibles fósiles, los grupos étnicos minoritarios y los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios, reconociendo y abordando las implicaciones de la transición para ellos.
Guangaje, Ecuador: Después de la bendición de un manantial de agua, una madre con su hijo vuelve a casa. Foto: Azzedine Rouichi / Unsplash.
A medida que el mundo hace una transición de combustibles fósiles hacia fuentes de energía más limpias, es necesario hacer hincapié en la justicia para los pueblos indígenas en este proceso y no dejarlo en último lugar, ya que una transición justa es un requisito en el Acuerdo de París. Para garantizar la justicia, los grupos étnicos minoritarios y los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones y la distribución de beneficios, reconociendo y abordando las implicaciones de la transición para ellos. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero los investigadores de SEI siguen esforzándose por involucrar a los grupos indígenas y a las minorías étnicas de forma respetuosa, matizada e inclusiva.
Nella Canales y Laura Del Duca de SEI están investigando actualmente los impactos de las transiciones verdes en las poblaciones indígenas como parte del equipo de Derechos y Gobernanza Equitativa de los Recursos en la sede principal de SEI. Como parte de este esfuerzo, han reunido a cinco investigadores de diferentes centros de SEI en el mundo para que compartan sus experiencias y reflexiones sobre cómo lograr una transición justa para las comunidades indígenas y las minorías étnicas.
El cambio climático podría ser visto como un problema futuro entre las comunidades que navegan por la vida en desventaja por la desigualdad estructural profundamente arraigada en nuestras sociedades. Los esfuerzos de transición justa podrían percibirse como greenwashing si no se satisfacen de forma significativa las necesidades básicas de desarrollo de los pueblos indígenas. Una transición es justa si los fundamentos de la transición son compartidos por quienes se ven afectados por la extracción de los materiales necesarios para que se produzca la transición.
En colaboración con colegas de SEI Asia y SEI Latinoamérica, la experiencia de Albert Salamanca trabajando en resiliencia climática de las comunidades en las cadenas de suministro de minerales críticos ha demostrado que los pueblos indígenas de regiones remotas pero ricas en minerales no forman parte de la toma de decisiones en relación con la deseada transición hacia las energías renovables para hacer frente a la creciente crisis climática y, sin embargo, sufren las crecientes demandas de minerales críticos esenciales para que se produzca la transición. Una preocupación importante para ellos son los impactos de la minería en curso y el reparto de los beneficios derivados de la extracción de recursos minerales en sus tierras. En el Salar de Atacama, donde se está extrayendo litio, los pueblos indígenas consideran que el cambio climático es una cuestión a futuro y que sólo podrá ser discutida después de que se aborden los impactos ambientales y sociales de la extracción de litio y se satisfagan sus necesidades básicas de desarrollo. En Sumbawa (Indonesia), las comunidades compartieron el deseo de que la empresa minera de cobre haga más por su bienestar, ya que saben que esto es posible pero la empresa minera actual no está haciendo lo suficiente. Esto significa que insistir en una transición verde impulsada por consideraciones sobre el cambio climático se interpretará como greenwashing.
Los pueblos indígenas de todo el mundo suelen enfrentarse a retos similares a la hora de reivindicar sus derechos de autodeterminación, conservación del medio ambiente y supervivencia cultural. A medida que se cuestionan las narrativas coloniales y las prácticas extractivas, la conexión de los problemas locales con un discurso indígena más amplio puede ser una herramienta útil para reivindicar los derechos indígenas.
La investigación de Bobby Farnan, investigador asociado de SEI York, en Myanmar es un ejemplo de lo crucial que fue esta conexión para el pueblo indígena Karen a la hora de establecer el Parque de la Paz de Salween como Área Conservada por la Comunidad Indígena (ICCA por sus siglas en inglés), un área protegida registrada en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La cuenca del río Salween, en el sureste de Myanmar, es una zona de patrimonio biodiverso vital para el sustento de los Karen. Décadas de extracción rapaz de recursos, desplazamientos forzados y guerras pusieron en peligro su biodiversidad y la autodeterminación de las comunidades Karen. El estatus de ICCA ha permitido al pueblo Karen conservar y proteger sus territorios contra el despojo, incluido su patrimonio biodiverso. El parque es ahora un santuario de vida silvestre y bosque comunitario gestionado por los indígenas. La creación del parque fue decisiva para que la práctica tradicional del “kaw” -su sistema de gobierno para un territorio compartido- se considerar una “práctica de conocimiento tradicional y relación con la tierra”, protegida por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el principal instrumento jurídico internacional en este ámbito.
Aunque los retos pueden ser compartidos, los impactos de la transición verde pueden sentirse de manera diferente entre y dentro de los grupos indígenas.
Es importante no olvidar que los pueblos indígenas son diferentes dentro de sí mismos, por lo que los impactos de las transiciones verdes también lo son. Por ejemplo, los impactos pueden variar debido a la exposición a la transición, como por ejemplo si alguien vive cerca o lejos de la infraestructura o si los medios de vida se ven directamente afectados o no, o debido a las diferentes variables sociales que caracterizan a los diferentes subgrupos, como el género, el sexo, la edad o la clase social. El asistente de investigación del SEI Latinoamérica, José Antonio Vega Araújo, destaca que incluso en una región pequeña como La Guajira, en Colombia, los impactos y las percepciones del desarrollo de la energía eólica y la infraestructura de transmisión pueden diferir entre los grupos indígenas Wayúu que habitan la península.
En la investigación de Laura Forni, Científica Senior de SEI EE.UU, sobre la planificación del agua en Tupiza (Bolivia), era fundamental incluir las perspectivas de la comunidad Oploca, ya que era la que más tiempo pasaba recogiendo agua, en comparación con otras comunidades de la zona. Era especialmente importante incluir las voces de las mujeres, ya que suelen ser ellas las que en la comunidad Oploca se encargan de recoger el agua. Sin embargo, en este contexto, es difícil que las mujeres participen en las encuestas de investigación, ya que además de la recogida de agua, también se encargan de las tareas agrícolas y domésticas, entre otras. Debido a estas responsabilidades, la planificación del agua les afecta de forma diferente a los hombres Oploca o a las mujeres de otros pueblos indígenas de la zona. Incluir de forma significativa las voces indígenas en la toma de decisiones requiere tener en cuenta toda la variedad de experiencias vividas. Las preguntas de la investigación deben basarse en ellas, en lugar de ser impuestas desde fuera. Y lo que es más importante, estas diversas experiencias deben ser contextualizadas dentro de las estructuras de poder locales.
El extractivismo se produce cuando los conocimientos y las prácticas de las poblaciones indígenas se extraen en un lugar y se utilizan en un contexto diferente sin reconocer su origen. Los pueblos indígenas son abordados regularmente por los investigadores, y el proceso de investigación se concentra a menudo en la extracción de conocimientos descartando las preocupaciones de las comunidades locales y abrumándolas sin aportarles ningún valor. Comprensiblemente, esto puede generar fatiga, reticencia e incluso desconfianza hacia los investigadores y perpetúa las relaciones de poder asimétricas. Más allá de la necesidad de seguir los principios éticos, es importante construir relaciones sostenibles, duraderas y basadas en la confianza que lleven a evitar ser extractores de conocimiento con fines de investigación. Eso puede hacerse a través de intermediarios ya conocidos por la comunidad o reforzando las capacidades locales.
El trabajo de Vega Araújo muestra cómo incluir de forma significativa a las comunidades indígenas y marginadas en cualquier planificación y toma de decisiones que les afecten en una fase temprana. La Guajira, una región en la que los indígenas Wayúu representan la mitad de la población, fue elegida por el Gobierno de Colombia para encabezar la transición energética del país gracias a su recurso eólico de primer orden. A medida que los desarrollos de energía limpia empezaron a llegar, los Wayúu están pasando por negociaciones bilaterales entre las empresas privadas y las comunidades locales en las que el desequilibrio de poder es evidente: las comunidades indígenas locales a menudo no hablan español mientras que las empresas traen a sus propios expertos y las negociaciones carecen de cualquier tipo de mediación o arbitraje. En este caso, identificar y reforzar el papel de los intermediarios en el sector público tiene el potencial de equilibrar la dinámica de poder para lograr negociaciones justas y equitativas. Al fin y al cabo, las tecnologías de las energías renovables no son justas o injustas per se y deben ir acompañadas de los marcos institucionales y normativos adecuados para garantizar que las comunidades locales puedan aprovechar los beneficios de la transición energética.
En el ejemplo anteriormente mencionado de la planificación del agua en Tupiza, la inclusión de las mujeres Oploca en la investigación fue posible gracias a la asociación con mujeres líderes de asociaciones y consultores locales con los que las comunidades indígenas ya estaban familiarizadas, lo que ayudó a crear confianza y a seguir colaborando en el proyecto. Podemos asegurarnos de que las conexiones entre los recursos naturales y los medios de vida de los pueblos indígenas se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, fomentando un sentimiento de confianza y cooperación dentro del proyecto.
Incluir a los pueblos indígenas y a los grupos étnicos minoritarios puede suponer un reto para los funcionarios públicos y los consultores y ser percibido como algo fuera de alcance en las transiciones medioambientales. No siempre se dispone de directrices de buenas prácticas para actividades en terreno, pero esto no exime la inclusión de los grupos pertinentes en la toma de decisiones.
La población romaní de Bosnia y Herzegovina -un grupo étnico minoritario- está socialmente excluida y suele estar más expuesta y ser más vulnerable a ciertos problemas y peligros medioambientales debido a la discriminación. Suelen vivir en asentamientos informales en zonas ambientalmente degradadas, contaminadas o propensas a inundaciones y desprendimientos.
El trabajo de la investigadora del SEI Claudia Strambo, como parte del equipo del proyecto BiH ESAP 2030+, consistía en incluir las voces y las preocupaciones del pueblo romaní en la elaboración de la estrategia y el plan de acción medioambientales de Bosnia y Herzegovina, lo cual supuso un gran reto. Algunos expertos y partes interesadas en el proyecto consideraron que la inclusión social, a pesar de estar fuertemente interconectada con el clima, quedaba fuera de su mandato de protección medioambiental. Otras partes interesadas consideraron que carecían de las herramientas y la capacidad necesarias para aplicar las medidas de igualdad, equidad social y pobreza en la estrategia y no estaba claro a quién debía encomendarse su aplicación.
Estas son preocupaciones válidas dada la falta de marcos de referencia o ejemplos de buenas prácticas que incluyan a los grupos marginados en las estrategias medioambientales. Sin embargo, esto no exime a los funcionarios públicos de la responsabilidad de incluir a las comunidades marginadas en la planificación estratégica. Para conseguir la participación de las partes interesadas, el equipo del proyecto trabajó con actores clave de la comunidad romaní, así como con organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos de las minorías, destacando la necesidad y el valor de las contribuciones que los grupos desfavorecidos pueden aportar en el desarrollo de una nueva estrategia medioambiental, incluyendo con éxito algunas preocupaciones de los romaníes en la nueva estrategia.
Los pueblos indígenas tienen una identidad propia y sus propios sistemas sociales, económicos y políticos, lenguas, culturas y creencias. Por lo general, tienen una continuidad histórica con las sociedades previas a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios. Los pueblos indígenas suelen disfrutar de derechos individuales y colectivos particulares en virtud del derecho internacional.
Los grupos étnicos también comparten una identidad común y tienen una etnia, religión o lenguas comunes. Un grupo étnico es minoritario cuando es menos numeroso que el resto de la población. Normalmente, las minorías no son dominantes en comparación con las mayorías en las esferas económica y política de su país.
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