Riesgo ambiental en la cuenca Pampa Huari: alternativas para responder al impacto en la calidad del agua por la minería

La cuenca del río Pampa Huari es un territorio con vocación minera debido a sus importantes reservas y a su disponibilidad de agua para abastecerlas. Esta es una actividad que representa gran parte de la economía local de las comunidades, como, por ejemplo, Villacollo, Chira Coro, Pampoyo, Agua Dulce y la misma ciudad de Potosí. Sin embargo, en los últimos años han incrementado los impactos que van en detrimento del bienestar de los habitantes y que propician conflictos hidro-sociales.

La cuenca del río Pampa Huari, sus recursos hídricos y la presión por la actividad minera.

Al sur de Bolivia, se encuentra la cuenca del río Pampa Huari, caracterizada por presentar un clima semiárido y donde está asentada la ciudad de Potosí. Esta es una cuenca drenada por diferentes afluentes que dan origen al río Tarapaya, uno de los principales tributarios del río transfronterizo Pilcomayo, que hace parte sistema hidrográfico de la macrocuenca del Plata. Sin embargo, por su condición física cuenta con una limitada disponibilidad hídrica y con alta variabilidad. A esto se le suma la presión ambiental que recibe por parte de sectores socioeconómico como la minería, la agricultura, la ganadería, la expansión urbana, entre otros.

Potosí es el segundo municipio con mayores ingresos por regalías mineras provenientes principalmente de metales pesados tales como el zinc (57%), la plata (26%), el plomo (10.5%) y otros (6%). El manejo de las aguas residuales provenientes de la extracción de estos materiales no es riguroso, tanto así que múltiples afluentes del río Tarapaya no cumplen con el umbral mínimo para consumo humano (clasificación E según el estándar de Bolivia, que corresponde a una calidad de agua pobre) (ver Figura 1).

En la cuenca alta y media de la cuenca donde se encuentran los tramos de río en conflicto, se realizó una evaluación de la calidad de agua con el fin de determinar la vulnerabilidad de las comunidades a contaminación. Como resultado, se identificó que el mayor riesgo ante el cual están expuestas las comunidades es el consumo de agua con altos contenidos de plomo que exceden las concentraciones máximas permisibles para consumo humano, aun cuando se le ha realizado tratamiento. Lo que puede desencadenar problemas de salud en los habitantes de la cuenca relacionados con anemia, hipertensión, disfunción renal, toxicidad en órganos reproductores, entre otros.

Asimismo, se concluyó que la concentración de oxígeno disuelto es baja en los cuerpos de agua, afectando a los ecosistemas y sus especies. Incluso, hay zonas donde no se desarrollan actividades mineras en las que se perciben impactos acumulativos de la actividad desarrollada aguas arriba.

Ruptura de dique de cola en la cuenca y su impacto ambiental

En Pampa Huari hay una presencia minera importante en 15 de sus microcuencas con una considerable demanda de agua. En estas se identificaron aproximadamente 264 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) entre desmontes, relaves, y drenajes pacidos. Así como dos sectores (El Molino y Cerro Rico) con un Impacto Ambiental Evidente o Potencial (IAEP) de contaminación.

Los impactos de los procesos mineros no solo están asociados con la disminución de la oferta de agua disponible, sino que también con su calidad. En efecto, el 23 de julio tuvo lugar el rompimiento de un dique de cola en la comunidad de Agua Dulce, debido al incumplimiento de las normas técnicas para la construcción de este tipo de infraestructura. Esta ruptura ocasionó la descarga de más de 13 mil metros cúbicos de sedimentos mineros al río de la Rivera y al río Tarapaya, que desemboca finalmente en el río Pilcomayo.

Los lodos contaminados contienen metales pesados tales como mercurio, cianuro, entre otros, los cuales han recorrido 32 kilómetros de río hacia aguas abajo. Como resultado, comunidades con vocación agrícola de subsistencia como lo son San Antonio, La Puerta, La Palca y El Molino, se han visto afectadas e incluso existe el riesgo de que dichos lodos lleguen hasta los departamentos de Chuquisaca y Tarija. De hecho, en la región se han emitido alertas preventivas recomendando evitar el consumo de agua de estas fuentes, así como el consumo de peces provenientes de estas y su uso en general.

A pesar de los esfuerzos, las medidas implementadas han resultado insuficientes y la problemática supera la capacidad de las instituciones encargadas de la emergencia. Desde el incidente ha transcurrido cerca de un mes, sin embargo, las aguas siguen estando contaminadas y, adicionalmente, existe un riesgo de una fuga por las malas condiciones en las que se encuentran los taludes. Al momento se han logrado remover 5000 metros cúbicos de lodos contaminados; sin embargo, aún hace falta la recolección de alrededor de 8000 metros cúbicos de residuos en el río Tarapaya. Cabe mencionar que esto puede agravarse ante la presencia de lluvias, que pueden acelerar el movimiento de la masa de agua contaminada hasta territorio argentino y paraguayo, trascendiendo así el límite nacional.

Hace falta una mayor presencia de las instituciones ya que no hay un seguimiento riguroso sobre la actividad minera. La infraestructura utilizada para esta es precaria y no cumple con las especificaciones técnicas mínimas. Incluso, algunas de las empresas mineras de la región no cuentan con la licencia ambiental correspondiente para el manejo de residuos mineros.

¿Cómo garantizar la seguridad hídrica en términos de calidad de agua ante el inminente riesgo por contaminación minera?

1. Marco de gestión de las actividades mineras

Se ha elaborado un marco para mejorar la gestión de las actividades mineras por el conflicto causado en términos de calidad de agua en la cuenca (ver Figura 3). Este permite caracterizar diferentes problemáticas, incluso aquellas de baja probabilidad y alto impacto que pueden tener influencia sobre la actividad minera. Asimismo, es posible hacerlo con el entorno donde se propagan los impactos y con la respuesta de manejo de los procesos mineros desde la prevención, en control, la mitigación y la remediación.

2. Reducción de la vulnerabilidad en las microcuencas mineras

Para reducir la vulnerabilidad de las microcuencas mineras a los potenciales impactos de esta actividad es necesario mejorar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el conocimiento sobre las operaciones mineras, su uso del agua, el estado de los planes y las licencias ambientales. En segundo lugar, la gestión de los residuos mineros, especialmente los PAM. Y finalmente, la mejora en la gestión y control de las áreas degradadas en microcuencas con presencia minera.

Las zonas dentro de las microcuencas en las que la minería tiene una mayor presencia y presión para el recurso hídricos requiere del desarrollo de diferentes líneas de acción para minimizar el impacto de las actividades mineras. Para empezar, se debe fortalecer el actual Sistema de Monitoreo y Vigilancia Hídrica (SIMOVH) del Departamento de Potosí. Esto será posible a través del robustecimiento de sus puntos de monitoreo y de la evaluación de la calidad del agua en lugares aguas abajo de los puntos de interés tales como sitios mineros, asentamientos urbanos principales, zonas agrícolas densificadas y otras industrias.

En estas zonas también se han implementado algunos pilotos de monitoreo participativo de la calidad de agua. Dichos pilotos han resultado en experiencias positivas que facilitan el empoderamiento de las comunidades afectadas sobre su territorio. De modo que, contribuyen a mejorar la respuesta institucional ante eventos que impactan la calidad del agua de la cuenca.

Luego, resulta necesario establecer estándares de calidad de agua con umbrales que contemplen los diferentes tipos de usuarios presentes en la cuenca. El cumplimiento de estos requerimientos debe garantizar el uso seguro del recurso hídrico para dichos fines. En la actualidad, Bolivia solamente cuenta con criterios de calidad de agua para consumo humano con algún tipo de tratamiento.

En consecuencia, se tendrá un mejor acercamiento a la minimización de los impactos generados por las operaciones mineras, considerando que se requiere del apoyo institucional, de las empresas mineras y de las comunidades y otros sectores conflictuados por la actividad minera. La responsabilidad de la conservación de las fuentes de agua debería estar a cargo de las diferentes instituciones, los principales usuarios del agua e incluso de la misma sociedad civil.