El ocaso del carbón 

Cinco municipios del Cesar – Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico – crecieron durante décadas alrededor de minas de carbón a cielo abierto. La actividad llegó a representar hasta el 43 % de los ingresos departamentales y transformó el empleo, el comercio, los presupuestos públicos y la vida cotidiana. 

Esa dependencia quedó expuesta cuando Prodeco suspendió sus operaciones en 2020 y posteriormente renunció a sus títulos mineros. El impacto no terminó con la pérdida de empleos formales. Se extendió a la cadena de suministro y la economía de los municipios mineros. También profundizó la incertidumbre en una región marcada por el conflicto armado, las desigualdades sociales y la escasez de alternativas productivas, que además enfrenta altos impactos y pasivos sociales y ambientales asociados con la minería de carbón. 

Mientras Colombia busca avanzar en la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, el desafío para el Cesar no consiste en sustituir el carbón por otras fuentes de energía.  Implica transformar una economía regional construida alrededor de la minería y, al mismo tiempo, asegurar que los costos de esa transformación no recaigan de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables. 

Los trabajos invisibles detrás de la economía minera 

Alrededor de la fuerza laboral formal de la minería, compuesta mayoritariamente por hombres, se desarrolló una amplia economía de servicios que ayudaba a sostener la vida cotidiana de las comunidades mineras: preparar alimentos, lavar uniformes, alquilar habitaciones, vender comida, confeccionar ropa, cuidar hogares, trabajo sexual y prestar servicios de belleza. Muchas de estas actividades se realizaban en la informalidad y recaían sobre mujeres y personas LGBTIQ+. 

Cuando los trabajadores perdieron sus empleos o migraron, también desaparecieron los clientes de restaurantes, peluquerías, lavanderías, alojamientos y pequeños comercios. Para quienes dependían de estas actividades, el impacto fue particularmente difícil de absorber: al no tener una relación contractual con las empresas mineras, quedaron fuera de indemnizaciones, programas de reconversión y otras medidas de protección vinculadas al empleo formal. 

 Una transición marcada por desigualdades históricas 

Desde los inicios de la actividad minera en el territorio, los roles de género ya definían quién podía entrar al sector y qué trabajo obtenía. Los hombres dominaban los cargos técnicos, operativos y directivos; mientras las mujeres se concentraban en funciones administrativas, de servicios y cuidado. En otros casos, las mujeres fueron discriminadas incluso para obtener empleos directos con la mina. Para las personas LGBTIQ+, acceder al empleo podía significar ocultar su identidad, modificar su apariencia o aceptar labores por debajo de su formación. 

El cierre profundiza estas brechas. Quienes dependían del carbón desde actividades informales perdieron sus ingresos sin contar con apoyos equivalentes a las indemnizaciones o programas de reconversión de los trabajadores mineros. En el caso de la población LGBTIQ+, existe una falta de información que impide dimensionar cuántas personas dependían de esta economía y qué necesitan para construir otra fuente de sustento. 

Construir una economía más allá del carbón 

En el Cesar ya existen esfuerzos para diversificar los ingresos. Organizaciones lideradas por mujeres impulsan actividades agropecuarias y pequeños negocios  para transformar sus productos y acceso a mercados.  El desafío es lograr que estas iniciativas puedan consolidarse: muchas enfrentan dificultades para acceder a financiación, formalizarse y crecer de manera sostenible. 

 Al mismo tiempo, trabajadores y extrabajadores mineros buscan trasladar sus conocimientos y habilidades hacia otros sectores. Las cooperativas y los programas de formación en energías renovables pueden ofrecer oportunidades para esa reconversión laboral, pero acceder a ellas no es igual para todos. Los costos de la formación y la dificultad de compatibilizarla con el trabajo representan barreras importantes. Para muchas mujeres, además, las responsabilidades asociadas al trabajo de cuidado reducen el tiempo y las posibilidades disponibles para capacitarse, lo que puede profundizar las brechas de género durante la transición. 

Hacia una transición realmente justa e inclusiva 

La agricultura, la energía solar distribuida, la formación y el cooperativismo ofrecen caminos para reducir la dependencia del carbón. Pero no pueden sostener por sí solos una transformación regional. También se necesita un marco nacional que integre el enfoque de género permanentemente y no como iniciativa aislada. 

Para evitar que el cierre reproduzca las exclusiones del auge del carbón, es necesario cerrar las brechas de información sobre las condiciones, medios de vida, necesidades y visiones de desarrollo territorial de hombres, mujeres y personas LGBTIQ+ mediante un diagnóstico poblacional participativo y desagregado. También se debe ampliar el enfoque de las políticas de transición energética justa para incluir a quienes dependían de economías conexas a la minería. La incorporación de una perspectiva de género e interseccionalidad en los planes de cierre se puede integrar mediante la recolección de información desagregada y análisis que permitan comprender diferencialmente la situación de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+, además de la influencia de otras variables como etnia y clase.  

Así, la transición no se limitaría a sustituir una fuente de energía: también transformaría quiénes y qué tipos de trabajo son reconocidos, quiénes reciben protección y quiénes pueden decidir sobre el futuro del territorio. 
Para que el cierre de la minería no reproduzca las exclusiones que marcaron su auge, la transición tendrá que mirar más allá del empleo minero formal. Eso implica reconocer a quienes construyeron sus medios de vida alrededor de la actividad minera y que hoy enfrentan el cierre sin las mismas protecciones, así como comprender de qué manera las responsabilidades de cuidado, el género y otras desigualdades condicionan sus posibilidades de adaptación.  Para esto es importante garantizar la participación e incidencia de mujeres, personas LGBTIQ+ y personas cuidadoras, así como fortalecer las iniciativas no mineras existentes mediante financiación, desarrollo de infraestructura, acceso a mercados, formación de capacidades y el establecimiento de sistemas de cuidado. 

También significa partir de lo que ya existe en el territorio. Las organizaciones y emprendimientos que buscan diversificar sus ingresos necesitan acceso a financiación, infraestructura, mercados y formación, pero también condiciones que hagan posible participar en esos procesos, especialmente para quienes tienen responsabilidades de cuidado o enfrentan otras barreras de acceso. 

La transición energética no será justa solo porque el carbón sea reemplazado por nuevas fuentes de energía. Será justa si también amplía las oportunidades para quienes históricamente quedaron fuera de los beneficios de la economía minera, reconoce los trabajos que sostienen las economías locales y permite que mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos del territorio tengan voz e incidencia en las decisiones sobre lo que viene después del carbón.